Evo Morales, bulevar Gálvez, los dueños del mercadito

Por Juan Pascual

A dos meses del día en que el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, anunciara la implementación de un nuevo modo de cobrar los derechos de exportación, o retenciones, ¿cuáles son las preguntas pertinentes para comprender las características centrales del llamado “conflicto entre el campo y el gobierno”? ¿Cuáles son los datos previos que habría que conocer para ubicarlo? Pensemos primero en al menos cuatro elementos.
Hay un proceso inflacionario mundial sobre los alimentos: en los últimos nueve meses, según Naciones Unidas, se han encarecido un 45%. Este proceso se explica, mayormente, en un aumento mundial de la demanda, focalizada en los países asiáticos bajo la influencia directa de China. Por ejemplo, desde 1980 a la fecha el chino promedio consume cinco veces más carne. Y actualmente hay casi 1.300 millones de chinos. La vieja contradicción entre campo y ciudad, inclusive entre agricultura e industria, hoy asume su dimensión global: el crecimiento numérico y económico y las mejoras de la alimentación de la población urbana china, cuyo esquema productivo se basa en la industria y el desarrollo tecnológico, repercuten en las economías agrodependientes de los países subdesarrollados.
A esta tendencia de mediano plazo se le añade un escenario seguro (ya mucho más que probable) a largo plazo: que el mismo recurso natural en el que se basa la producción de comida sea aquel que nos sustente los combustibles y los plásticos. No podemos ni dimensionar el impacto en los precios de la competencia entre el derecho a comer y la posibilidad no sólo de andar en auto sino de producir celulares, computadoras o televisores, todos productos impensables sin plástico.
En tercer lugar, la tecnificación de la producción económica produce un doble efecto muy conocido. Por un lado, cada vez menos brazos son necesarios para trabajar y, por el otro, el costo de las máquinas e insumos necesarios sólo pueden ser afrontados por los más grandes del sector. La producción agrícola no es inmune a esto: mayor extensión es más productividad y más rentabilidad. Y son cada vez más los expulsados de la tierra: a la concentración urbana por la demanda de mano de obra para la industria (Manchester en el siglo XIX, los “grasitas” del Buenos Aires del '45) se le suman aquellos que sencillamente no encuentran nada tierra adentro. Mundialmente, 2007 es el primer año en la historia en que uno de cada dos humanos vive en una ciudad. Y la curva sigue ascendiendo.
Finalmente, y en paralelo a lo anterior, el tipo de tecnología necesario para alcanzar dicha rentabilidad y productividad no es propiedad del empresario productor rural (sea cual fuere su tamaño). Quienes manejan el diseño genético de las semillas resistentes a los agroquímicos (los cuales poseen palpables efectos sanitarios sobre los cuales todavía no hay precisa estadística) en el fondo poseen la capacidad de mando sobre las estructuras económicas. Ellos son los verdaderos dueños del mercadito.
En resumen, la inflación de alimentos apunta muy lejos (tan lejos como cara será la tierra que produzca el nuevo “petróleo”), el crecimiento de la migración del campo a la ciudad es lógico (tanto como el ensanchamiento de los cordones de pobreza) y los comandantes de ese barco son empresas de capital tecnológico con la fuerza suficiente para transformar, abrir o cerrar estructuras productivas completas con la sola puesta en mercado de un nuevo producto. Ciertamente, la soja RR es uno de ellos. RR significa “resistente al Round Up”. Es decir: una semilla genéticamente retocada que aguanta ese agroquímico letal.
Bajo la actual racionalidad política argentina la dinámica de estos cuatro procesos es ineluctable. Bajo el esquema en que actualmente se plantea el actual “conflicto entre el campo y el gobierno” tendríamos que ajustar el calibre de la mira para notar que sólo estamos ante una primera escaramuza.
En el nombre, una indicación: “Conflicto entre el campo y el gobierno”. A este rótulo periodístico se le pueden sumar dos enunciados más: Alfredo De Ángeli afirmando que es necesario “otro modelo” y Eduardo Buzzi recomendando al gobierno las políticas de nacionalización de Evo Morales, que devinieron tanto en un referéndum secesionista como en una futura consulta popular revocatoria, a realizarse el 10 de agosto.
Desde la pesificación asimétrica y la convertibilidad 3 a 1, iniciados en el 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, ha sido el Estado nacional –es decir, los contribuyentes– quien ha licuado las deudas de todos los sectores concentrados y quien ha vuelto rentable la orientación exportadora de la economía. Una tasa de crecimiento superior al 50% en la suma de los últimos cinco años vino de la mano de la recuperación del agro y la construcción. Esa relación directa entre campo y propiedades inmobiliarias puede verse con claridad en bulevar Gálvez.
Los actores de la protesta son un resultado de las posibilidades abiertas en 2002. Retrotraer las retenciones al 35%, el núcleo, razón, causa y aglutinante de la protesta, no es pasar a otro modelo. Es apenas una variante del modelo vigente desde 2002. Desde entonces, el programa del PJ y el nuevo sector agropecuario concentrado se sostienen mutuamente, más allá de la anecdótica entente Kirchner, Chávez, Grobocopatel.
Evo Morales nacionalizó el petróleo y el gas de Bolivia. Cuando Buzzi pidió que el gobierno haga lo suyo en la Argentina, perdió de vista un punto. Lo más parecido a eso, en nuestro país, sería la estatización de las tierras de la pampa húmeda: ese es nuestro recurso de renta diferencial. Nuestra joya. Y entonces, sí, habría un choque entre dos modelos diferentes. Choque en el que una de las partes es capaz de la secesión y en el que la otra busca la real transformación de una estructura productiva nacional, apostando ese escenario en el apoyo del voto popular.
En cambio, hoy y aquí hay una discusión por un vuelto, en términos macroeconómicos. Hay un gobierno en crisis que no demuestra comprender que la extensión pública de la puja le está provocando un grave daño simbólico a la gestión. Deberían recordar que el ex presidente Carlos Menem no fue vencido por los efectos de la convertibilidad sino por el discurso anticorrupción. Hay una Federación Agraria que sostiene en la protesta rutera a los mismos sectores que estructuralmente minan a sus bases. Hay una población urbana que vuelca sus humores de acuerdo a los dictados de la prensa de masas: donde ayer había un histórico boom de consumo hoy hay una crisis prácticamente terminal. (Ninguna de las dos cosas es del todo cierta. Recién el año pasado el salario promedio alcanzó el poder de compra de 2001, que es un 44% menor al de 1974, y el ciclo de crecimiento de este modelo va a continuar tal y como está dispuesto).
La pregunta es, entonces, ¿hay un conflicto?
No, si el conflicto se define como la lucha entre dos modelos distintos. En el fondo, ni el gobierno ni los ruralistas (grandes, chicos) han señalado las vías para una alternativa no ya radicalizada, tan sólo superadora (al menos, diseñar una política económica de exportación no digo industrial, sólo con un poquito más de valor agregado) al mayor negocio de 2002 a la fecha: la soja. Mercancía que lleva dentro de sí a la inflación china, a la migración a la urbe y a Monsanto junto a Cargill. Lo que está peleando el gobierno es una pelea que simbólicamente está perdida de antemano: equivocó todos y cada uno de los modos y modales. Y lo que estructuralmente están peleando los pequeños productores en esta escaramuza inicial, en realidad y mal que les pese, sólo sería la posibilidad de seguir un poco de tiempo más colgados, con el mayor beneficio posible, a un caballo que los va a revolear en breve, como ya revoleó a tantos. Quizá el cálculo no esté mal hecho. Quizá ya saben que están disparando los últimos tiritos.

Publicado en Pausa #1, viernes 16 de mayo de 2008

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