“Cuando los candidatos se convierten en políticos electos no toman decisiones para combatir la exclusión social”

Entrevista a Máximo Sozzo, abogado, investigador y docente especializado en Criminología (*)

–¿Considerás que es posible la recuperación y reinserción social de las personas que han cometido delitos graves?

–En líneas generales no creo en la reinserción social a través de la privación de la libertad. El mecanismo de la privación de la libertad en las prisiones ha sido, después de 250 años, un mecanismo completamente negativo para su fin declarado que es lograr que las personas se reinserten en el tejido social y abandonen una vida ligada a la actividad delictiva. Lo que no quiere decir que uno no deba luchar para que las personas no recaigan en la actividad delictiva, a pesar de la prisión. Lo que quiero decir es que la prisión, en lugar de ser un instrumento para la realización de la resocialización o reinserción social, es en realidad un obstáculo. Y es un obstáculo del cuál es muy difícil deshacernos en las sociedades contemporáneas porque hay mucha presión social que demanda que la prisión sea la herramienta fundamental para castigar a las personas por haber cometido delitos y, además, porque está muy instalado en nuestra manera de pensar que la única forma de castigar a alguien es privándolo de la libertad. Creo que es posible trabajar, a pesar de la prisión, desde adentro, para darles oportunidades a las personas que pasan por ella y que por lo general tienen trayectorias vitales que están marcadas por falta de oportunidades y por privaciones materiales y culturales. Cuando uno discute sobre este problema tiene que tener en claro que la población penitenciaria en nuestras prisiones es una población que está integrada, en su gran mayoría, por personas que provienen de los territorios de la exclusión social y que comúnmente cometen determinados tipos de delitos, en los que exclusivamente se concentra el sistema penal, que trabaja selectivamente sobre una franja de delitos que son los que típicamente llevan adelante las personas excluidas socialmente. Porque el sistema penal no trabaja sobre otro conjunto de delitos que suceden en la vida social, que a veces producen más daño incluso que los delitos de los débiles desde el punto de vista económico y social, y que son los delitos de los poderosos. En líneas generales uno tiene que tener claro que cuando pretende plantearse un programa de intervención, en el sentido de tratar de generar las oportunidades para la reinserción social a pesar de la prisión, está trabajando con personas cuyas trayectorias vitales están marcadas por la exclusión, es decir por privaciones materiales y culturales. El trabajo es doble, porque supone ir contra los efectos negativos de la prisión, contra la degradación que el mero encierro produce y contra los efectos negativos de las privaciones y la falta de oportunidades. La dificultad no debería llevarnos a cejar en los esfuerzos para lograr ese objetivo.

–Las alternativas para lograr la reinserción social pasan por lo general por el estudio o aprendizaje de algún oficio. En provincia de Buenos aires, las estadísticas indican que el 56% de los presos estudia. ¿Cómo estamos en Santa Fe?

–Todos los años el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación lleva adelante el Censo Anual Penitenciario, que establece en cada una de las unidades penitenciarias quiénes están llevando adelante actividades educativas a nivel primario, secundario o universitario. En Santa Fe ese porcentaje es menor que el de Buenos Aires. De todas maneras, ese número que parecería ser alto indica que la mitad de la población penitenciaria bonaerense no está ejerciendo su derecho a educarse mientras está privado de la libertad. Otro tema a discutir es la calidad de la educación que se ofrece en las unidades penitenciarias. En ese sentido creo que en la provincia de Santa Fe hay toda una asignatura pendiente porque las escuelas que funcionan dentro de las unidades penitenciarias son escuelas que fueron muy descuidadas desde la transición a la democracia y hasta este momento. Han sido algo así como el último orejón del tarro del sistema educativo, y ese descuido se traduce luego en una calidad educativa que deja mucho que desear. Esto es así en ciertas escuelas que están ubicadas dentro de los penales de la provincia, aunque también hay que decir que hay muchos docentes que se esfuerzan por generar un servicio de calidad.

–¿En qué consiste el Programa de Educación Universitaria en prisiones?

–Lo que busca el Programa es crear un canal para que las personas de estas cárceles que deseen estudiar en la Universidad puedan acceder a ella a través de una vía que es la educación universitaria a distancia modalizada para quienes están en un contexto de encierro. El estudio es como el de cualquier otra persona que está cursando una carrera a distancia en la UNL pero lo hacen acompañadas por un grupo de coordinadores y tutores que trabajan presencialmente con ellos toda la semana y que de alguna manera funcionan como un remedio frente a las dificultades que trae aparejado estudiar en estas condiciones. Además, buscamos un acercamiento con directores y docentes de las distintas carreras que los internos eligen, que también es algo interesante porque les permite a los estudiantes a distancia, tomar contacto con docentes universitarios de manera directa y no solamente virtual. Por otra parte, este espacio de la universidad dentro de las prisiones, lo hemos visto a lo largo de este tiempo, sirvió no sólo como un espacio para que la gente ejerza su derecho a educarse sino también, en el caso de algunos, como una herramienta para luchar contra la degradación de la cárcel.

–¿Qué pensás del pedido de pena de muerte? ¿Hay un descreimiento de la gente acerca de la rehabilitación?

–Está claro que quienes exigen la pena de muerte no pueden pensar en términos de rehabilitación. Pero no nos olvidemos que lo que se publica en los medios no es la opinión pública sino lo que quienes gobiernan los medios deciden publicar. Por qué digo esto, porque las pocas investigaciones serias que hay sobre opinión pública en relación a temas de delito y castigo en la Argentina, nos muestran en realidad un panorama bastante distinto al que presentan los medios de comunicación. La UNL junto con la Municipalidad hizo el año pasado una gran encuesta a 2800 hogares de toda la ciudad acerca de estos problemas. Entre otras preguntas, una fue sobre cuáles eran los mejores remedios para combatir el crimen. La pena de muerte recibió el 5% de adhesión, mientras que posibles soluciones tales como disminuir la desocupación o la circulación de las drogas ilegales o generar una mayor y mejor educación recibieron niveles de adhesión del 30%. Entonces, que la gente reclame pena de muerte es una invención, una construcción discursiva de los medios de comunicación. O al menos este estudio pone un interrogante sobre cuán difundida está la adhesión a la pena de muerte. De todas maneras la oposición a esa adhesión a la pena máxima debería combinar esta discusión a una más profunda acerca de cómo en la cuestión del delito en las sociedades contemporáneas nos focalizamos exclusivamente en los delitos de los sujetos débiles y no hablamos de los delitos de los poderosos: por ejemplo nadie pide la pena de muerte para los responsables del affaire IBM-Banco Nación.

–Y ese silencio en torno al delito del sujeto que no es débil...

–Esa es una discusión fundamental, porque nos permitiría entender que hoy el delito de los débiles ya no está desvinculado del delito de los poderosos, que hay muchos mercados ilegales que sólo pueden existir porque hay poderosos que cometen delitos. Por ejemplo, el pequeño traficante de drogas ilegales que vende en un barrio al menudeo marihuana o cocaína sólo puede existir porque hay alguien que trafica grandes volúmenes de esas sustancias y los distribuye. Y ese alguien no vive en la villa miseria donde vive el pequeño distribuidor, sino que vive por lo general en los sectores de mayores ingresos urbanos de este país. Entonces hasta que no pongamos en debate esto estaremos mirando siempre sólo una parte del asunto. Otra discusión que debe plantearse con respecto al delito de los débiles es que si todos estamos de acuerdo con el diagnóstico de que la exclusión social es el proceso que genera la mayor parte de estos delitos y queremos atacarlos, la lógica conclusión es que tendríamos que combatir la exclusión social. Sin embargo cuando los candidatos se convierten en políticos electos no toman decisiones para combatirla, sino que sostienen la estructura punitiva como la única manera de pensar una política pública con respecto al delito.


(*) Máximo Sozzo trabaja desde 2004 en el penal de Coronda y en las cárceles de Las Flores y de mujeres de nuestra ciudad, como responsable del Programa de Educación Universitaria en Prisiones que lleva adelante la Universidad Nacional del Litoral.