Reconocimiento y paradoja

El reclamo sojero toma formas cada vez más explícitas frente a la débil potencia de un Estado demolido.

Por Juan Pascual

Pasaron nada más que dos años. El 9 de marzo de 2007, tras una serie de negociaciones realizadas por el ministro de Planificación, Julio De Vido, se firmaron en Olivos varios convenios comerciales con Venezuela. Uno de los principales acuerdos, largamente trabajado, implicó el compromiso de aumentar la producción (y la superficie cultivada) de soja en el país presidido por Hugo Chávez, además de realizar transferencias tecnológicas por aproximadamente 400 millones de dólares. El operador económico crucial, Gustavo Grobocopatel, fue parte de las comitivas de sucesivos viajes oficiales previos a las firmas. Los Grobo, su empresa agrofinanciera especializada en soja, siembra en casi todo el Mercosur. Pocos meses después, en octubre de 2007, Cristina Fernández triunfaría en las elecciones presidenciales. Uno de sus apoyos electorales de mayor contundencia tuvo como sede los departamentos de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe más directamente vinculados al agro, antes que las ciudades más pobladas (el dato está disponible en el Blog de Andy Tow, cuyo link está también en el Blogroll). Ambos extremos imaginarios ya caminaban en alegre yunta de intereses, previamente al inicio de los piquetes de 2008.

Un Estado reducido a su función de ordenador del control y la asistencia, constreñido a la sola regulación económica y a la (siempre tardía) acción social, es uno de los resultados de la transformación neoliberal cuajada en los 90. Las privatizaciones constituyeron el medio para terminar de demoler la capacidad de mando del Estado sobre la actividad económica. Los estrechos límites intrínsecos de los entes de control –claudicantes ante las empresas prestadoras, torpes y lentos frente a la flexibilidad de la producción privada– son paralelos al alejamiento estructural de lo público respecto de la actividad productiva. Es que no hay mejor modo de regular una actividad que haciéndola; esa es la diferencia, hasta en la idoneidad técnica, entre Ferrocarriles Argentinos y el Onabe, por ejemplo.

Así, el ejercicio del gobierno dentro de esa forma de Estado consiste en producir el mejor tipo de entorno para el desarrollo de las fuerzas del mercado. En un marco de descomposición productiva, el tipo de cambio 3 a 1, de alta competitividad exterior, fue el eje con el que Duhalde creó ese ambiente necesario para la gobernabilidad política y económica dentro de esa forma de Estado. También estuvo allí la explícita transferencia de recursos que fue la pesificación asimétrica. Y, específicamente en lo que refiere a lo rural, se otorgaron las extendidas y muy amables refinanciaciones de las deudas con el Banco Nación, que no poco implicaron: casi 60 mil productores pudieron regularizar un rojo total de más de 3.000 millones de pesos.

El aumento de la renta agropecuaria en manos de los productores rurales tuvo claros efectos reactivadores –generales– en el territorio donde el tejido de las industrias ralea. No se trata de observar que en las cuentas nacionales sean las manufacturas de origen industrial las que proveen los mejores números; ésta es una indicación del orden de la geografía económica, política y electoral. El interior al que remiten permanentemente los ruralistas es ese lugar donde existen o la industria y los servicios que dependen de la tierra –Armstrong y Las Parejas son los dos nombres hoy en boga– o la industria que es muy poca y tecnológicamente corta –casi cualquier capital provincial–, mucho empleo público, una actividad comercial endogámica y una feroz dependencia de la liquidez de los chacareros. Con creciente tono amenazador, esa dependencia fue varias veces explicada, muchas con sincera posición didáctica y prolongadas enumeraciones, por Alfredo De Ángeli. Para este interior, cuya historia refleja ese cuadro, cada sequía grande, con sus políticas paliativas, es un hecho importante. Lo mismo sucede con la postergación –consciente y dañina– de la venta del grano ensilado.

Los más claros ejemplos de esa reactivación fueron la inversión en maquinaria agrícola y, sobre todo, en renta inmobiliaria. Simbólica y socialmente, además, el sector rural se constituyó como el –públicamente asumido desde el último acto en Leones– consumidor top de fierros: donde estuvo la rústica F-100 hoy está esa cápsula llamada Toyota Hilux. Reconversión tecnológica hacia los organismos genéticamente modificados –crecimiento del porcentaje relativo de territorio sembrado de soja, aumento de la escala productiva y concentración de la propiedad, multiplicación del precio por hectárea, reproducción ampliada del arrendatario (es decir: desplazamiento de otros productos y productores por la menor competitividad) y ajuste al mando de Monsanto–, transformación vertical del paisaje urbano –y extensión de la organización rentística de la producción– y explosión de una nueva tipología de look corporal son los términos paralelos.

En 2008, la efectividad del modelo iniciado en 2002 (y de sus alianzas) mostró su límite inherente con el brutal aumento especulativo de los precios agropecuarios (los cuales, no obstante, poseen una perspectiva a largo plazo de demanda (muy) sostenida, al menos hasta lo que el planeta aguante). No fue la posibilidad de terminar con ese proceso ascendente lo que determinó la primera batalla rural: fue la apropiación de la renta extraordinaria. Por eso el único punto de importancia demostró ser, al comienzo, durante y actualmente, pura y esencialmente la soja. Y del proceso y resultado de esa batalla surgió la discusión por la potencia de mando. Fue entonces cuando se mostraron, en su raquítica desnudez, los límites de la forma de Estado actual: sólo puede quedar en el plano de la regulación, mientras que la dirigencia rural (fue reconociendo que) posee una posición privilegiada para perpetuar y endurecer las protestas y, al mismo tiempo, los logros de sus negociaciones. La disputa por esa posición no es (únicamente) simbólica o ideológica. No se trata (sólo) de una cuestión de discurso. Se trata de una cuestión del orden del gobierno del Estado: de posicionarse dentro de los límites de la regulación y la asistencia o bien de abrirse a un Estado con funciones productivas dentro del mercado, como en el caso de la política previsional.

Desde este punto se comprende que una astucia del orden de la política institucional federal, la coparticipación de parte de las retenciones a la soja –más allá de que fuera un pedido repetido durante los más de 100 días de piquete– como modo de derramar su necesidad y utilidad en los complicados ejecutivos más pequeños, esté trocando fácilmente en una nueva justificación para pedir la suba del precio de la oleaginosa: “Nosotros las coparticiparíamos mejor”. Anteriormente, las 17 modificaciones al texto original de la Resolución 125, la legislación de arrendamientos, la suspensión de las retenciones móviles, la emergencia agropecuaria o el muy vasto pack de medidas surgidas de los encuentros recientes constituyeron una serie de caricias. En el medio, los ataques institucionales que supusieron la estatización de las cartas de porte, los encuentros entre Guillermo Moreno y grupos de chacareros, la publicación de las negociaciones secretas con la Sociedad Rural o las torpes dilaciones respecto de las promesas para con los tamberos. Ninguna de estas tres variantes permite correr al gobierno de su posición expectante, combatiendo en la palabra –desde el comienzo monopolizada por unas pocas y completamente interesadas cadenas de información– con un sector con el que finalmente no puede no sentarse a negociar. En ello no sólo le va su política de subsidio al mercado interno (vía desacople de precios internos y externos): se decide la gobernabilidad territorial y la recaudación fiscal. Y de allí que nada garantice, entre los vaivenes de una mayor o menor legitimación mediática o “social”, que los reclamos ruralistas no prosigan. En 2008 demostraron que, en tanto son los productores concretos, las fuerzas del mercado, pueden decidir cuándo el conflicto termina o empieza. En 2009 exhiben con sencillez qué es lo que es “el campo” dentro de la producción rural: el desarrollo descontrolado de la soja avanzando sobre cualquier otro tipo de actividad rural, fuera del imposible escenario de un subsidio que iguale la rentabilidad. Incluso, las patronales sumaron un pedido de mayor flexibilidad en las condiciones de empleo rural; reclamo macabro frente a todos los datos de pauperización laboral y sanitaria de los peones.

Las decisiones necesarias para disolver la paradojal posición del gobierno (volviendo fructífero al conflicto por medio de la transformación de su eje), su paso a una intervención productiva superadora del control regulador asistencial –sea por la fabricación de insumos, como se anunció en Brasil, por la ejecución directa de actividad agrícola para la seguridad alimentaria o por la participación como agente de peso en el comercio exterior– implicaría un nuevo cambio de fundamentos en las relaciones del Estado y el mercado. Mientras tanto, los ruralistas han reconocido que ya son capaces de modificar en su favor las relaciones que permitieron y ampararon su transfigurado renacimiento (en otro cuerpo, de muy otra forma respecto de aquellos que fueron los quebrantados de los 90). Es más: día a día la expresión de su posición es más desembozada, lo cual no deja de producir cierto rechazo y renuencia inéditos. La discusión presente no consiste (solamente) en la rentabilidad de un sector; consiste, cada vez con mayor claridad, en cómo su fuerza (por las vías que considere necesarias) avanza hacia una reestructuración legal que se ajuste ceñidamente a su posición social y económica de hecho: el patronazgo del pueblito.

Publicado en Pausa #33, 27 de marzo de 2009
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Ley de radiodifusión: un debate por la propiedad de la palabra

En medio de los vertiginosos cambios en los modos de experimentar, sentir y pensar el mundo, los medios masivos juegan un rol decisivo; aquí, algunas claves para entender la inminente discusión por el negocio de la información.

Por Juan Pascual

La discusión de una ley sobre la circulación de información bajo las exigencias de los soportes tecnológicamente constituidos supera con mucho la guerra explícita entre los intereses y propietarios de las principales empresas oligopólicas de medios y el gobierno nacional, ya pasadas las caricias mutuas de los tiempos en que Néstor Kirchner firmó el decreto 527, por el que se extendieron 10 años los plazos de las licencias de radio y televisión. Es la discusión sobre las tecnologías digitales, las que con mayor aceleración se han desarrollado en los últimos 20 años, diseminándose y transformando prácticamente todo lo viviente en sus opiniones, saberes y prácticas: en su experiencia de la vida. La segunda revolución del dispositivo de medios de comunicación ha cambiado otra vez la forma en que existe la experiencia de nuestra vida: cómo vivimos la política, cómo miramos las acciones de nuestros hijos, cómo sentimos miedo, cómo deseamos.

Unos pocos puntos atractivos tenía la oferta del primer –y local– Cablevideo, cuando todavía estaba tendiendo su cableado y no había atravesado aún los “bulevares”, esa cuasi trascendental frontera territorial de la ciudad. Había He-Man para el niño, María Amuchástegui para una madre aún sin el mandato de lucir como su hija –la que, a su vez, aprende cómo ha de mostrarse en las páginas de las revistas farandulescas–, los canales de Rosario (que no eran más que las repetidoras de los de Buenos Aires) y poco más. Cerca de los '90 apareció el ESPN original, completamente en inglés. Aquellos que permanecían con Canal 13 y ATC (sólo activo después de las 19 horas) exigían prueba empírica (y, por ende, televisiva) de que era posible recibir una señal desde Estados Unidos. No existía el zapping, un concepto ya hundido en los meandros de la web.

Casi al mismo tiempo, bajo el descuartizamiento del Estado, se privatizaron los canales de aire 11 y 13. En ese entonces, en una entrega de los Martín Fierro, Mirtha Legrand exigió a Carlos Menem no vender la señal de “La aventura del hombre”; veremos qué pasa con la opinión de la señora este año. Clarín y Editorial Atlántida lideraron la corta caminata hacia las redes concentradas de medios.

Muy (pero muy) difícil es reconocer una existencia si no se encuentra dicha bajo la voz mediática. A la vez, esa existencia, cuando pasa por esa voz, nunca vuelve a ser la misma. (La propia memoria de los medios se encuentra bajo esta lógica, de allí la facilidad con la que pueden mantener su minúsculo discurso autocrítico y su mayúsculo gusto por hablar de sus propios contenidos). Con la venta de la empresa telefónica estatal y el desarrollo de los celulares, la TV digital, Internet y los soportes digitales de datos, los medios masivos de comunicación tomaron un tipo de forma nunca visto antes, absorbiendo para sí la égida de los lenguajes humanos posibles, subsumiendo estilos, formatos, voces, pluralidades y, al mismo tiempo, abriendo o cerrando la ventana de la visibilidad (entonces, la de la existencia, casi).

Las actuales condiciones de la contienda política prometen un debate al menos intenso. El gobierno nacional avanzó con el anuncio producido en la apertura de las sesiones legislativas y con la prometida presentación pública del anteproyecto, el miércoles 18, bajo el probable título de “ley de servicios de comunicación audiovisual”. La convocatoria a esta presentación comprende prácticamente a toda la dirigencia social y política argentina: Iglesia, sindicatos, embajadores extranjeros, Universidad, partidos políticos. También se convocó a las cámaras empresariales de los medios de comunicación. Los mismos que van a hacer visible la noticia.

Para conocer las posiciones de quienes en Santa Fe se dedican a pensar y actuar sobre estos problemas y, sobre todo, para acercanos más a una cuestión que parece árida, apelamos a tres especialistas y tres preguntas.

a) ¿Cuáles son los puntos más cuestionables y los vacíos más significativos de la normativa vigente?

b) ¿Cómo evalúa la actualidad del trabajador de prensa y de las empresas periodísticas en relación con los derechos a la información y a la libertad de expresión?

c) ¿Qué cambio de posición debería asumir el Estado respecto del sistema de medios?

DOMINGO RONDINA. Abogado Constitucionalista, miembro de la Fundación Derecho Social.

a) La falta de adecuación de la ley a la tecnología actual es quizás la grieta más grave que está trayendo más dificultades en su aplicación. Y la falta de atención al fenómeno de la concentración mediática y de capitales poderosísimos en las empresas de medios.

A partir de allí hay graves fallas en la reducción de los monopolios, la libre competencia, el acceso del público a la expresión y el derecho a una buena información.

Y los problemas se han ido multiplicando por la cantidad de parches (reformas) que se aplicaron a la ley, lo cual fue creando un caos normativo, sin una idea rectora.

Por mi parte, sueño con que Internet se convierta en el principal medio de comunicación, por su absoluta libertad, su capacidad de burlar censuras y fronteras, y por la igualdad que garantiza en la difusión y el acceso a la información.

b) Creo que la profesionalización y los grandes contratos económicos de los periodistas, así como la vocación multiemprendimiento de las empresas periodísticas, desnaturaliza el criterio prevalentemente informativo que debería orientar la actividad. Pero de nada sirve llorar contra el viento, esa es la realidad, y lo que debemos hacer es buscar mecanismos que aseguren la competencia, que es la solución de casi todos los males.

También se deben fomentar políticas de subsidio a los medios probadamente comunitarios, o de interés social, pero por breve tiempo de modo de no limitar su independencia bajo la excusa de ayudarlos. O convertir medios independientes en órganos de difusión del gobierno.

Es cierto: no todos tenemos la posibilidad de llegar a un micrófono, o de editar un periódico, pero debemos tener la posibilidad de hacerlo y de informarnos a través del medio que elijamos.

c) No soy partidario de las regulaciones de contenido, y menos aún de los controles ideológicos de cualquier tipo. Sí creo que se debe favorecer el desarrollo de medios temáticos y de interés sectorial. El Estado debe intervenir lo menos posible, pero sí debe asegurar la libre competencia entre los medios, evitar los monopolios, y asegurar el acceso de toda la población. Y fortalecer la educación del consumidor de medios que es quien, en definitiva, asegura la subsistencia de una u otra señal.

ALDO QUIROZ. Periodista de la radio comunitaria FM Chalet. Integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias.

a) La parte más cuestionable de esta ley es que refleja el pensamiento de lo que significaba la doctrina de la seguridad nacional. Hay disposiciones vaciadas de contenidos, se falta respeto a los valores democráticos y a la Constitución Nacional. También, la ley quedó obsoleta por los avances tecnológicos. Hoy las grandes empresas periodísticas pertenecen a los multimedios. Deben existir límites a las corporaciones en lo que son las explotaciones de radio-televisión asociadas a los medios gráficos. En nuestro país no existe libertad de prensa, sino libertad de empresa. Y esto es totalmente distinto.

Hay una propuesta, elaborada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que está integrada por distintas organizaciones sociales, gremiales, culturales y ONGs. En ella se acordaron 21 puntos básicos como núcleo de una futura Ley de Radiodifusión (ver en www.coalicion.org.ar).

b) Se puede afirmar que hoy el trabajador de prensa es un trabajador con un salario mal remunerado y esto va en contra de la libertad de expresión y la calidad de la información. Además, las empresas periodísticas condicionan a los periodistas y les imponen los temas que tienen que tratar y aquellos que deben dejarse de lado.

Las corporaciones manejan agendas que responden a sus propios intereses económicos y, por lo tanto, la realidad que expresan es totalmente sesgada. La información es como una mercancía que se ofrece a la sociedad. Y es así aun cuando los multimedios tengan distintas empresas con distintos discursos, informaciones y también posturas.

c) La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, no un simple negocio comercial. Es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, a través del cual se ejerce el derecho a la información. La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión.

El papel del Estado es fundamental para definir una comunicación democrática. La nueva ley tendrá que garantizar que toda la sociedad pueda acceder al derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.

La publicidad oficial es uno de los elementos a definir: deberá ser administrada en forma democrática por el Estado a todos los medios. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales y a tratados internacionales. Deberán adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas: los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos. Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla, a fin de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional. También se deberá definir a los medios estatales como públicos y no gubernamentales.

Es necesario, además, garantizar la seguridad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales y mantener un registro público y abierto de licencias de efectivo control del Estado: la explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.

ALEJANDRO RAMÍREZ. Profesor de Políticas de la Comunicación en la carrera de Comunicación Social de la UNER.

a) Hay dos grandes grupos de problemas: por un lado, los de tipo técnico-político y, por el otro, los sociales. Entre los primeros –partiendo del origen espurio de la actual Ley de Radiodifusión Nº 22.285, decretada por la dictadura y firmada incluso por Videla y Martínez de Hoz, que los sucesivos gobiernos democráticos avalaron con modificaciones parciales–, podemos mencionar que en todo el texto aparece la mención a la radiodifusión y no a la comunicación. La diferencia radica en la concepción de “servicio” (así se lo denomina en la ley), situando la actividad como una mera transmisión de información desde unos medios a su público. En cambio, cuando se habla de comunicación se rescatan las diferencias (culturales, étnicas, políticas, religiosas, etc.) para promover el entendimiento, la comprensión, el acercamiento, incluso entre pueblos y naciones. La actual ley habla de “servicio” de “interés público” (art. 4), lo cual permitió que este “servicio” se vendiera como una simple mercancía y que incluso las propias licencias, que oportunamente fueron adjudicadas, se vendieran entre particulares sin control del Estado. Debe quedar claro en la próxima ley que la comunicación es un derecho humano y social que no puede asimilarse a un simple producto que se compra y vende, ni mucho menos que esté sometido a las reglas de la publicidad (privada o pública). Otro punto técnico-político cuestionable es que está habilitada la concentración de hasta cuatro licencias para una “misma persona física o jurídica” (art. 43), por 15 años y con posibilidad de 10 años más de “prórroga”, con el solo requisito de la “solicitud de los licenciatarios” (art. 41).

Entre otros puntos cuestionables (de la actual ley, pero también de la que está gestando el PEN), quisiera remarcar uno, que tiene directas consecuencias sociales: la ausencia de la población en la discusión y debate sobre un aspecto que afecta directamente no sólo a la democratización (o no) de la comunicación, sino fundamentalmente al involucramiento de la gente en los nuevos medios de comunicación, al punto tal de pasar a ser emisores de sus propias cuestiones y problemáticas comunitarias.

Al sentirse tan lejana a estas discusiones, la gente no sabe que está perdiendo la oportunidad de reclamar un espacio (una frecuencia para TV o radio comunitaria, por ejemplo) que le corresponde por derecho. De allí que se entienda el limitadísimo espacio que le brindan a esta cuestión los grandes medios nacionales, ya que no les conviene que la gente tome conciencia de sus derechos.

b) Salvo honrosas excepciones, tanto a nivel nacional como local creo que el trabajador de prensa hoy ocupa una de dos opciones: o es un instrumento generador de información que rellena espacios en los medios, o es un instrumento del poder político de turno, con el que –a cambio de publicidad oficial, canje por trabajo en una dependencia, etc– establece una relación de dependencia que lo transforma en un vocero del poder, con piel de “periodista”.

En un contexto donde los medios de comunicación se han concentrado –incluso los canales de aire de TV del interior, como Santa Fe y Córdoba– en manos de Clarín y Telefónica, los conceptos de “derecho a la información” y “libertad de expresión”, se han visto reducidos a mero “derecho a ver y escuchar la programación de ambos emisores” y “libertad para expresar el interés de estas empresas”.

c) Cualquier canal de televisión o estación del radio del mundo, para poder transmitir, requiere de un permiso de su Estado, que –a través de diferentes sistemas– le adjudicará el derecho a emitir. El Estado es fundamental e irreemplazable cuando se habla de comunicación: es el que administra las frecuencias. Hablar de Estado supone, a su vez, separarlo administrativa y políticamente del gobierno de turno, de modo tal de asegurar su independencia para respetar un principio democrático. Esto se logra creando –por ejemplo– un Consejo de Comunicación Social integrado por especialistas, representantes de la cultura, la educación, los trabajadores de la comunicación, las Universidades y los actores de los medios de comunicación comerciales y comunitarios, con consulta abierta a toda la comunidad. Expresada someramente, así habría una marcada presencia estatal pero sin control del gobierno, donde se contemplaría la participación de distintos sectores de la sociedad, respetando el sistema federal y garantizando la pluralidad.

Publicado en Pausa #32, 13 de marzo de 2008.
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